Ayer, a través de un comunicado de prensa, la empresa salmonera Nova Austral informó que su gerente general, Nicos Nicolaides, dejó de pertenecer a la compañía de capitales noruegos. También fue desvinculado de su cargo de gerente regional, Drago Covacich, aunque la partida del máximo ejecutivo en Magallanes no fue confirmada oficialmente. 

La salida de Nicolaides, que asumió el mando de Nova Austral en diciembre de 2014, tiene lugar luego de las repercusiones surgidas tras hacerse público las fallas en la contabilidad de la mortalidad de salmones que la empresa admitió haber tenido en su reporte para el último ciclo de producción y la denuncia que el gobierno interpuso  a través del Sernapesca “por infracción del artículo 113 de la Ley de Pesca”.

En el comunicado de prensa, Nova Austral también dio a conocer la incorporación de dos nuevos directivos a su planta. El actual jefe de Operaciones, Francisco Miranda, se hará cargo de las “responsabilidades de ventas y la operación”. En tanto, el ex gerente de finanzas de Cencosud Chile, Nicolás Larco, entra a la salmonera para dirigir la misma área que supervisó en su paso por el holding de Horst Paulmann.

La versión de prensa de Nova Austral enfatiza que la firma sigue trabajando para producir salmones libre de antibióticos, recordando que próximamente consumarán “la construcción de una nueva piscicultura en la Región de Magallanes, que significó una inversión de US$45 millones”.

Sernapesca denuncia

Conforme a lo comunicado el martes por el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, el  Sernapesca interpuso ayer ante la Fiscalía Nacional la respectiva y anunciada denuncia contra Nova Austral, con el propósito de que se indaguen eventuales delitos, trámite legal que replicó a la par en la Superintendencia del Medio Ambiente, para que ésta evalúe el posible daño al fondo marino de uno de los centros de la empresa. 

En el marco de esta última denuncia, el Servicio solicitó la suspensión provisoria de dicho centro por 30 días y que mida condición ambiental. 

Por cierto, es la cuarta vez en el año que Sernapesca -entidad que busca potenciar su rol fiscalizador- presenta una denuncia ante la SMA contra la salmonera. Las tres anteriores, en virtud de episodios de sobreproducción, las que se mantienen aún en trámite a nivel de la Superintendencia. 

Estas denuncias se suman a la interpuesta el martes por el director regional de Sernapesca Magallanes, Patricio Díaz, ante el Tribunal de Punta Arenas en base a la infracción al artículo 113 de la Ley de Pesca y Acuicultura sobre falsificación de información y reportes que establece sanciones hasta por 3.000 UTM y la suspensión de operaciones hasta por 4 años de los centros involucrados en esta denuncia.

Asociación de Salmoneros

Respecto de las denuncias, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes señaló: “Realizamos un público y enérgico rechazo a cualquier práctica que transgreda la normativa vigente, que pudiese realizar alguna empresa de la industria salmonicultora, tanto de la región como en el resto país. Nova Austral ha sido denunciada de actos graves, que se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes. Como Asociación abogamos por un proceso investigativo rápido y efectivo. En línea con lo anterior, Nova Austral nos ha comunicado la decisión de suspender su participación y la de sus ejecutivos en el gremio, con el objetivo de dedicarse a aclarar su situación y no perjudicar con su permanencia la labor de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes”.

La voz del gobierno regional

“La situación en la que se encuentra la empresa (Nova Austral) es en extremo delicada y si se comprueban los hechos denunciados, que al parecer son así, como gobierno vamos a actuar con todo el rigor de la ley”, señaló el intendente, José Fernández, esto luego que el Servicio Nacional de Pesca, confirmó la decisión de interponer tres denuncias -ante Tribunal, Fiscalía y Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)- contra la empresa salmonera de capitales noruegos. 

Para la primera autoridad de gobierno en Magallanes, tal acción debe ser tomada con suma atención, por cuanto a las implicancias de entregar falsos reportes de mortalidad de salmones -una de las aristas denunciadas el pasado 26 de junio por el diario electrónico El Mostrador- se agrega la componente medioambiental, ya que será el estamento competente en esta materia, el que verificará si existe contaminación del suelo marino, producto de la acumulación en el lecho, de alimentos no digeridos y excrementos que finalmente inutilizan dicha superficie. 

Este último punto cobra especial relevancia porque más allá de las posibles multas que podrían aplicarse a la compañía, el gobierno tiene la facultad de suspender el otorgamiento que a saber, sólo lo recibe Nova Austral por operar en Tierra del Fuego. 

Se trata de la Ley Navarino, normativa de incentivo a la inversión que rige desde 1985 y que bonifica un 20% de las ventas a quienes se establecen en el territorio isleño, eximiendo de la cancelación de derechos aduaneros a las importaciones de mercancía extranjera y del impuestos de primera categoría de la ley de impuestos a la renta por utilidades.

En particular, desde 2001 a la fecha, Nova Austral ha recibido de parte del Estado un global de $111.894.860.213 por este beneficio, el que por cierto está ad portas de sufrir una transitoria pero incómoda suspensión. Y es este beneficio precisamente el que está pronto a sufrir una incómoda pausa en la entrega.

“Hay un punto donde Sernapesca aduce un posible daño ambiental del fondo marino. Por lo tanto, de existir tal afectación, es causal para caducar el otorgamiento del beneficio, de modo que en el intertanto que ello se investiga nos hemos tomado del argumento que formuló el Servicio y en virtud de eso es posible que pidamos a Tesorería que suspenda los pagos correspondientes a la Ley Navarino a esta empresa, medida que de adoptarse, mantendríamos hasta que se determine si existió o no real daño ambiental. Incluso podría suceder que, dependiendo cómo termine todo, se pida a la salmonera el reintegro de parte de esas bonificaciones”, dijo Fernández, puntualizando que si la instrucción prospera, sería emanada dentro de la presente jornada o en el breve plazo.

Por su parte, la seremi de Hacienda, Lil Garcés, recalcó que el oficio se enmarca en una medida de carácter precautoria que, de ejecutarse, tiene como finalidad la suspensión del pago, hasta que la autoridad medioambiental se pronuncie respecto de los antecedentes contenidos en la denuncia. “Recordemos que el goce de la franquicia está supeditado a que su establecimiento y actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y asegure la preservación de la naturaleza y el medio ambiente, es por eso que nos encontramos analizando el caso”.

En 2018, la firma salmonera recibió pagos por concepto de bonificación en torno a los 19.500 millones de pesos.