Fallo dispone cancelación de matrícula a capitán del siniestrado ferry Amadeo I

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El capitán del siniestrado transbordador Amadeo I, Eleodoro Barría García no podrá volver a navegar tras ser cancelada su matrícula y deberá pagar, al igual que el piloto de la nave Ricardo Zurita García, una multa de 50 UTM ($2.340.000) cada uno a beneficio fiscal y destinado al Fondo de la Pesca Artesanal.

Lo anterior está contenido en la sentencia que se dio lectura este lunes festivo en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, luego de que la semana pasada se realizara el juicio simplificado.

Al respecto, la fiscal Lorena Carrasco manifestó que a ambos acusados se les condenó a pagar 50 UTM. Además al capitán de la nave, Eleodoro Barría García se le canceló su matrícula o título otorgado por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, que corresponde a una pena accesoria establecida en la Ley General de Pesca y Acuicultura. “Nosotros nos encontramos conforme con eso, por lo tanto no vamos a deducir ningún tipo de recurso”, remarcó la representante del Ministerio Público.

Destacó que se trató de un fallo relevante porque pocas veces se ha llegado a condenar por un delito de esta naturaleza, como es el derrame de hidrocarburos.

Ambos imputados habían sido condenados el miércoles 4 de octubre por la contaminación provocada en el sector del paso Kirke, donde el 18 de agosto de 2014 el transbordador Amadeo I que iba bajo su mando chocó en el lugar, quedando varado finalmente en una bahía cercana.

Debido al accidente se produjo un derrame de combustible que provocó contaminación ambiental y la muerte de especies hidrobiológicas como mauchos, entre otros.

Por lo anterior la Fiscalía acusó por un delito del artículo 136 de la Ley de Pesca a ambos en calidad de autores de contaminación ambiental.

En su acusación la Fiscalía solicitó una pena de 3.000 UTM (más de 140 millones de pesos).

Tras conocer la sentencia, el abogado defensor de ambos imputados, Jorge Plaza Oviedo, adelantó que recurrirá ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con miras a intentar revertir la condena, al estimar que el hecho que se les imputa no constituye delito.

Probanza de los hechos



Durante el desarrollo del juicio simplificado, la Fiscalía de Natales dio por probado los siguientes hechos, según lo señaló el juez Jorge Lavín Saint-Pierre en su sentencia:
“El día 18 de agosto de 2014, alrededor de las 9 horas, Eleodoro Barría García se desempeñaba como capitán y Ricardo Zurita García como timonel, ambos del transbordador Amadeo I de la empresa Navimag, que a la fecha y hora señaladas circulaba por el canal marino Kirke de la provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes. Al llegar al paso Kirke, el requerido Barría, desatendiendo las recomendaciones registradas en el manual de navegación denominado “derrotero de los canales del sur” respecto del cruce del paso Kirke, y demás adelantando deliberadamente la hora del ingreso a dicho paso, lo que de acuerdo a la información entregada por la Armada, no debía hacerse antes de las 14 horas, ordenó a su tripulación ingresar con la nave al paso Kirke alrededor de las 9 AM, en conocimiento de que enfrentaba condiciones no óptimas para la circulación del navío, especialmente dado que no era la hora de pleamar que debe preferirse para el ingreso al ya mencionado paso. Este último es un dato que el requerido Barría no podía menos que conocer dada su experiencia de años como capitán de navíos que cruzan el mismo paso”.

Luego agrega que una vez en el interior del paso Kirke, el timonel, el requerido Zurita, fue negligente al virar a estribor cuando debió haberlo hecho a babor, y debido a que el capitán había dispuesto el ingreso al paso a una hora no adecuada, el transbordador golpeó su casco contra las rocas a la altura de las bodegas de carga, sufriendo diversos daños y hundiéndose parcialmente sobre su lado derecho. Esto provocó la tocada de fondo de la nave a su mando contra la isla Merino en la angostura Kirke, y el derrame de combustible y petróleo que la nave transportaba en sus propias bodegas, tanto como del combustible y petróleo existente en los vehículos que transportaba. A consecuencia de lo anterior se produjo la contaminación directa del agua de mar con hidrocarburos provenientes del navío, la muerte de 152 animales que la nave llevaba como carga, cuyos cuerpos quedaron en el agua, y la muerte de una gran cantidad de mauchos, recurso hidrobiológico autóctono de la zona. Este hecho causó un grave daño ambiental a todo el entorno marino, un grave detrimento al patrimonio ambiental y perjuicios a la biodiversidad de la zona, todas consecuencias directas de las órdenes dadas por el capitán quien hizo caso omiso a los peligros que enfrentaba la nave, y del error de navegación cometido directamente por el timonel.

Según el sentenciador, “los hechos antes descritos configuran el delito culposo contenido en la primera parte del inciso primero del artículo 136 de la Ley 18.892, precepto que dispone que “el que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales” , ilícito que se encuentra en grado de consumado.

La condena



En su fallo, el juez Jorge Lavín, impuso una mínima cuantía, acogiendo de este modo lo invocado por la defensa, que durante la audiencia solicitó tener en consideración las medidas de mitigación adoptadas luego de generado el accidente.

“Que la sanción determinada por la ley al delito es una multa de 50 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales. Concurriendo una circunstancia atenuante y ninguna agravante, y teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 69 del Código Penal en cuanto a ponderar la mayor o menor extensión del mal causado, habida consideración de las oportunas y adecuadas maniobras ordenas por el capitán y ejecutadas por su tripulación, incluido por cierto su timonel, una vez que la nave hubo tocado fondo, lo que permitió aminorar el daño ambiental, se impondrá la pena pecuniaria en su mínima cuantía. Por otro lado, se le impondrá al imputado Barría García la accesoria contenida en el artículo 138 de la Ley 18.892 (cancelación de su matrícula o título otorgado por la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante)” , señala la parte resolutiva.

La Prensa Austral