En una actividad pública en instalaciones de la UTN, la Intersindical rioturbiense hizo ayer una exposición junto con los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Galvano, para explicar los alcances de la demanda que iniciaron contra el Estado Nacional, para que este garantice la continuidad de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la finalización de la megausina. 

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat llegó a Santa Cruz para explicar a los mineros de qué va el amparo para evitar que YCRT tenga que cerrar por un quiebre forzoso que la deje en las fauces de la privatización, pero también para que la megausina se termine.

En este sentido, Barcesat le dijo al móvil de Radio Nacional LU12 AM 680 que la idea del amparo es lograr “la intangibilidad de YCRT y para que se integre lo que resta de su termoeléctrica”.

El prestigioso jurista sostuvo además que la empresa que da vida a los pueblos de la Cuenca Carbonífera “está sometida a una diminución paulatina de su actividad, bajo el riesgo de que, por ejecuciones fiscales, deba concursarse forzosamente o declararse en quiebra y eso facilite una privación en circunstancias ruinosas, para hacerse de sus instalaciones las empresas que están con los ojos puestos en YCRT”.

Sucede que “si una usina tiene la instalación, maquinaria completa y de la obra civil falta un tramo insignificante, si no se usa el puerto ferroviario y Punta Loyola ha sido desmantelado, eso tiene una sola finalidad, que es una privatización a precio ruinoso”, insistió sin miramientos Barcesat.

En términos jurídicos, mucho tiene para reclamar Santa Cruz respecto al futuro del proyecto que se abastece de un recurso natural que ya la Constitución Nacional saldó que es de la provincia, “de modo que entendemos que están dados todos los requisitos de la ley de amparo para preservar la fuente de trabajo, que es el primer derecho de todo trabajador y una de las razones del amparo”, aclaró el abogado, que patrocina al Gobierno santacruceño en las causas que están ante la Corte Suprema.

Recorte millonario

Para este año, el gobierno de Cambiemos dispuso un recorte de $ 2.500 millones en YCRT.

El presupuesto nacional, que se aprobó con Santa Cruz como la única provincia a la baja, estableció que a la empresa estatal le corresponden $ 870 millones, mientras que el año pasado se la financió por $ 3.450 millones, por lo que la quita alcanza el 75%.

De hecho, la presentación de ayer se dio en un contexto de medidas de fuerza impulsadas por la Intersindical a partir del pago en tramos, algo que finalmente se resolvió ayer cuando, con un comunicado oficial, la Intervención que conduce Omar Zeidán anunció que habrían ingresado los fondos para la totalidad de los salarios.

Semanas atrás, el Gobierno Provincial inició conversaciones con el ministro de la Producción, Dante Sica, para revertir el escenario de crisis que vive la empresa y, de hecho, el propio Sica recibió a una comitiva encabezada por Alicia Kirchner y a un grupo de dirigentes nucleados en la Intersindical.

Por eso ayer, tras participar de la presentación por el amparo, el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, reconoció que el ministro de Cambiemos tiene “buena voluntad”, aunque advirtió que hasta ahora la actitud del poder central fue la de incumplir los acuerdos que tuvieron.

Luego de años de lucha y cuando se había logrado integrar al carbón en la ecuación energética nacional con una fuerte inversión en la extensión del interconectado nacional y la construcción de la central térmica de 240 MW, el Gobierno Nacional volvió a poner en vilo el trabajo y la producción de la cuenca y la provincia, un “golpe” a sus recursos, coincidieron en señalar los representantes de la Intersindical de YCRT.

El diputado por Municipio de Río Turbio, Darío Menna, participó ayer de la exposición por el amparo que busca frenar “el vaciamiento y las permanentes amenazas de cierre arbitrario y despidos que hoy la administración nacional, a través del interventor de YCRT, Omar Zeidán, está llevando adelante”, dijo.

Menna indicó que “se trata de un amparo novedoso, que se basa en acuerdos y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido, mediante los que se invocan derechos básicos como la autodeterminación de los pueblos, el derecho al trabajo digno, a la independencia económica, como así también a la preservación de nuestros recursos naturales”, sostuvo el legislador.

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