A un año de la entrada en vigencia de la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, se ha puesto término a la llamada marcha blanca para las empresas con más de cien trabajadores, las que a partir de este 1 de abril de 2019 se suman a las organizaciones con más de 200 personas que deben cumplir con la cuota establecida de un 1% de personas con discapacidad del total de la dotación, norma que, de acuerdo a los datos regionales alcanza, a la fecha, el 60% de cumplimiento en la región de Magallanes.

Así lo ratificaron esta mañana las autoridades de la Seremía del Trabajo, Desarrollo Social y del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), quienes visitaron a Guillermo Barría, un joven de 26 años que en enero de este año fue contratado por la empresa Geopark, cuya historia se convirtió en un ejemplo para motivar a las organizaciones que aún no han dado cumplimiento a la normativa en la zona.

A la cita acudieron la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés; la Seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva; y la directora regional (s) de Senadis, Soledad Cárdenas, quienes fueron recibidos por Francisco Gallardo, gerente general de Geopark Chile; Sandra Méndez, Gerente de Personas; y Marlene España, Gerente de Administración y Finanzas, quienes pudieron relatar el proceso de contratación de Guillermo y lo que ha significado su experiencia de trabajo en estos meses. 

En palabras de Cortés, “como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hacemos un balance muy positivo, no sólo en la región, sino también en el país. En el país, te puedo señalar que son más de 11 mil los contratos que se han registrado de personas con discapacidad, con 2.700 empresas que han dado cumplimiento a la norma. En la región son 37 las empresas llamadas a cumplir, es decir que tienen 100 o más trabajadores y, de estas, el 60% ya ha dado cumplimiento, tenemos 99 contratos registrados en la dirección del trabajo, lo que es un porcentaje importante, pero no es un total cumplimiento”, agregando que se espera que el restante 40% de las compañías se acojan a las alternativas que otorga la ley a través de las donaciones a instituciones que trabajan con discapacidad o bien contratación de empresas a través de la figura de prestación de servicios que tengan a su vez personas con discapacidad contratadas.

Por su parte, Casanueva indicó que “como cartera, a través de Senadis, hemos entregado mucho aporte en lo que tiene que ver con educación para que estas personas cuenten con herramientas que a veces no son factibles de poder adquirir. Hoy conocimos el caso de Guillermo, quien desde 4to Medio estuvo participando de los fondos de Senadis, que fueron un acompañamiento a este tremendo logro que consigue ahora y que es trabajar en un lugar donde demuestra sus habilidades, es un derecho que tenemos todos, así que, como gobierno, contentos de poder entregar un granito más de arena para que las personas tengan una mejor calidad de vida”.

Con de su título de ingeniero comercial, Guillermo se desempeña hoy en el Área de Administración y Finanzas de Geopark, lugar donde, asegura, ha sido muy bien recibido, no sólo por sus jefaturas, sino además por sus compañeros de trabajo. En su lugar de trabajo, relató cómo fue su proceso de selección, agradeciendo a sus padres y amigos el apoyo entregado en todos estos años. 

En su relato, “a mí me contactaron por correo y fue impresionante que una empresa tan grande me llamara para una entrevista, en todo ese tiempo no le quise contar a nadie hasta que saliera. A principios de diciembre me entrevistó el gerente de Geopark de Chile y Argentina, me llamó una mañana para venir y en la tarde me avisan que quedé (…) pensé que iba a ser más complicado, ya que hoy en día, tener un trabajo es complicado, lo veo con mis compañeros, pero encontrar este trabajo fue impresionante”. Agregó que “mi principal motivación fueron mis papás, prácticamente les debo todo esto a ellos”, aseguró emocionado.

Proceso de fiscalización

A partir de esta semana y habiendo entrado en vigencia la obligatoriedad para las empresas de 100 o más trabajadores, iniciará el proceso de fiscalización a las 37 organizaciones que deben cumplir con la norma en Magallanes, según indicó la Seremi del Trabajo, recordando que el 40% que aún no aparece en el registro de cumplimiento pueden acogerse a la alternativa de cumplimiento que estará vigente hasta el 1 de abril de 2020 y que permite a las empresas, sin causa fundada, hacer donaciones a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, o bien, subcontratar a empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. 

Se recordó que a partir del 1 de abril de 2020 las empresas sólo podrán utilizar los mecanismos alternativos estableciendo una razón fundada. Para ello, la norma establece dos fundamentaciones: En primer lugar, la falta de personas interesadas en la oferta de trabajo, lo que se certificará por medio de la Bolsa Nacional de Empleo, o bien,  deberán justificar que la naturaleza de las funciones que desarrolle la empresa impide la contratación de personas con discapacidad.

Sin perjuicio de aquello, la autoridad laboral iniciará esta semana el proceso de fiscalización para las empresas con 100 o más trabajadores. Las multas por incumplimiento alcanzan las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (1 millón 934 mil pesos) para empresas de entre 100 a 199 trabajadores y de hasta 60 UTM (2 millones 901 mil pesos) para compañías con más de 200 personas. 

La Seremi recordó que la multa es mensual, es decir, por cada mes que la empresa se mantenga en infracción se pueden aplicar hasta 60 UTM, por lo que el llamado fue a cumplir con la normativa y ser parte de los ejemplos que como Guillermo Barría en la empresa Geopark, demuestran los beneficios de contratar personas con discapacidad, tanto para ellos y sus familias, como para las misma organizaciones y sus comunidades.

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