Puerto Natales

Dos ex-funcionarias municipales presentaron recurso de protección por no renovación de sus «contratos a honorarios»

“Producto del déficit presupuestario que atraviesa actualmente el municipio, éste ha adoptado la decisión de no renovar su contrato para el año 2025”, fue el correo que, con minutos de diferencia, recibieron las ahora exfuncionarias de la Municipalidad de Natales, Giannina Riffo Vera y Emily López Fariña, de parte del nuevo administrador municipal, Carlos del Castillo Carrasco, el pasado viernes 27 de diciembre de 2024.

Giannina Riffo se desempeñaba en el Registro de Organizaciones Comunitarias hace doce años, mientras que Emily López trabajaba desde hace ocho años en Partes. Ambas atendían público y recibían una boleta de honorarios de $600 mil brutos.

Ambas ex-trabajadoras decidieron interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para dejar sin efecto la decisión tomada por la administración de Ana Mayorga.

Ambos recursos, interpuestos el pasado 30 de diciembre, fueron declarados admisibles el pasado 6 de enero por la Primera Sala, integrada por los Ministros Marcos Kusanovic, Caroline Turner y el Ministro Suplente Juan Santiago Villa.

La actual Alcaldesa, antes de finalizar 2024, puso fin al contrato de 22 trabajadores a honorarios, decisión que los funcionarios finiquitados calificaron como un “hecho injustificado, producto de una decisión política”. Mayorga, en una sesión del Concejo Municipal, señaló que esto significaría un ahorro de $300 millones al año.

Riffo y López, en su requerimiento a la justicia, argumentaron que el despido fue ilegal y que existe una carencia de fundamentos para sustentar la prescindencia de los servicios.

Se añadió que la decisión fue ilegal, ya que las extrabajadoras fueron notificadas por el administrador municipal Carlos del Castillo y no por la alcaldesa Ana Mayorga, quien es la única que posee la facultad de poner término a una relación laboral. Esta atribución es indelegable.

“Déficit presupuestario” fue el motivo expresado por la administración Mayorga para prescindir de las labores de Riffo y López. En ambos recursos de protección, esto fue calificado como insuficiente, ya que no explica el motivo por el cual se decidió no renovar mi contrato a honorarios, por sobre otras relaciones contractuales a honorarios, que incluso son más nuevas y costosas. Según el recurso, “el acto administrativo debe estar fundado en razonamientos lógicos, que no den espacio a la duda y no en el mero capricho de la autoridad”.

El municipio natalino se encuentra en una situación de estrechez financiera, provocada por una serie de deudas contraídas por las administraciones de Antonieta Oyarzo (exsocialista) y Fernando Paredes (Udi), lo cual obligó a la actual gestión de Ana Mayorga a ejecutar un agresivo plan de austeridad que incluye una reducción de los recursos destinados al pago de honorarios.