En Magallanes, la realidad de los cuidadores de personas en situación de dependencia sigue siendo un tema relegado, a pesar del impacto que tiene en la salud y bienestar de quienes asumen esta responsabilidad. La Agrupación Luz y Esperanza (de Puerto Natales) se creó para visibilizar la situación, denunciando la falta de apoyo real por parte de las instituciones y la ausencia de políticas públicas efectivas.
Sonia San Martín ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de su hijo Claudio Andrés Vidal San Martín, quien el próximo 23 de marzo cumplirá 33 años. Como muchas otras cuidadoras, enfrenta diariamente los desafíos de atender a un familiar en situación de dependencia sin contar con el respaldo suficiente del sistema público de salud. A pesar de tener credenciales que la acreditan como persona cuidadora, no recibe prioridad en la atención médica ni acceso a beneficios específicos que le faciliten su labor. Su testimonio refleja la realidad de cientos de familias en toda la Región de Magallanes que, ante la falta de apoyo estatal, deben recurrir a redes comunitarias y soluciones particulares para sobrellevar la carga física, emocional y económica que implica el cuidado de un ser querido.
Afecciones y falta de apoyo estatal
Entre cuidadores es frecuente el insomnio, hipertensión, ansiedad y depresión, estas son afecciones comunes entre quienes dedican su día a día al cuidado de un familiar, sin opción de descanso ni acceso a un sistema de apoyo eficiente. Aun cuando cuentan con credenciales oficiales de cuidadores, la salud pública no ofrece mecanismos que agilicen su propia atención médica, lamentó Sonia San Martín, presidenta de la agrupación natalina.
Además, queda en evidencia que el rol de cuidador recae mayoritariamente en mujeres, aunque también hay hombres asumiendo esta tarea en silencio. “Lo que deberían preguntar todos es quién cuida realmente al cuidador “, señaló San Martín.
Sin un sistema de salud que garantice seguimiento a los pacientes severos, la agrupación ha debido recurrir a la red privada para obtener apoyo. “Hemos hecho convenios con farmacias de Magallanes y ahora estamos gestionando acuerdos con clínicas como Imet (Punta Arenas)”, explicó San Martín. “Hacer estos convenios es porque finalmente llegamos a la salud particular como agrupación”.
Programa de postrados en crisis
A esta problemática se suma la crisis del programa de postrados en la región. Según denuncias recibidas por Luz y Esperanza, actualmente no hay médicos disponibles para atender a estos pacientes, lo que agrava aún más su situación. “Los pacientes en los domicilios han quedado abandonados. Después de la pandemia, quedó la escoba con estos casos”, señaló Sonia San Martín.
Las familias afectadas han intentado comunicarse con los centros de salud, pero enfrentan otro obstáculo: los teléfonos del Cesfam y del programa postrados no contestan, dejando a los usuarios sin respuesta. “La solución que encontramos como agrupación es recibir los reclamos a través de WhatsApp y enviar correos como directiva para tratar de solucionar los casos”, explicó San Martín.
Frente a este panorama, la agrupación Luz y Esperanza insiste en la urgencia de que las autoridades reconozcan la labor de los cuidadores y establezcan un sistema de apoyo que garantice su bienestar. “A ninguno nos han cuidado hasta hoy”, sentenció San Martín, resumiendo en una frase la desprotección en la que viven quienes sostienen con su esfuerzo la calidad de vida de los más vulnerables.
Demandas urgentes y una deuda pendiente
Frente a esta realidad, Luz y Esperanza da cuenta de necesidad de la implementación de un subsidio estatal para cuidadores, la creación de programas de respiro y descanso, acceso a atención psicológica gratuita y la generación de instancias de capacitación y certificación de competencias para quienes desempeñan esta labor sin preparación formal.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Si bien se han realizado algunos anuncios sobre la necesidad de reconocer el trabajo de los cuidadores, hasta la fecha no existe una política nacional que garantice derechos concretos para ellos. En Magallanes, la situación es aún más crítica, ya que la dispersión geográfica y la falta de infraestructura adecuada agravan la carga de quienes cuidan a personas con dependencia severa.
