En los últimos años, Chile ha sido testigo de una creciente preocupación ciudadana sobre la falta de independencia de la Fiscalía Nacional y su relación con el poder político. Este ente, encargado de perseguir los delitos y garantizar justicia ante actos de corrupción o abuso de poder, debería operar bajo principios de autonomía e imparcialidad. Sin embargo, el hecho de que el Fiscal Nacional sea designado directamente por el Presidente de la República genera serias dudas sobre su verdadera independencia, especialmente cuando se trata de investigar a altos funcionarios del gobierno.
El sistema actual: designación política del Fiscal Nacional
Según lo establece la Constitución Política de 1980 (actualizada parcialmente por reformas posteriores), el Fiscal Nacional es nombrado por el Presidente de la República, previa aprobación del Jurado de Enjuiciamiento. Aunque este proceso incluye ciertos controles, el peso principal sigue estando en manos del Ejecutivo, quien tiene la facultad de elegir al jefe de la institución encargada de investigar y perseguir delitos, incluyendo los cometidos por autoridades políticas.
Este mecanismo de selección no solo cuestiona la autonomía de la Fiscalía, sino que también plantea un conflicto de intereses evidente: si el fiscal depende del presidente para su designación —y potencialmente para su continuidad—, existe el riesgo de que se inhiba cualquier iniciativa de investigar acciones delicadas provenientes del gobierno en funciones.
Casos emblemáticos y sospechas de connivencia
A lo largo de distintas administraciones, han surgido casos que refuerzan esta percepción de impunidad. Por ejemplo, durante los gobiernos de la Concertación, la derecha acusó a menudo a la Fiscalía de tener una actitud complaciente frente a posibles irregularidades. Con la llegada de Sebastián Piñera al poder, sectores críticos señalaron que algunas investigaciones sensibles parecieron ralentizarse o desviarse.
Más recientemente, durante el gobierno de Gabriel Boric, se han presentado denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos, favorecimiento en licitaciones o incluso vínculos entre funcionarios y grupos económicos. Pese a ello, muchas de estas causas apenas han avanzado o se han archivado sin mayor explicación, generando desconfianza entre la población y los organismos de control.
La Fiscalía como guardiana débil
Una fiscalía fuerte y autónoma es clave para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier democracia. Sin embargo, en Chile, la institución parece haber perdido credibilidad ante los ojos de muchos ciudadanos. Según encuestas nacionales, la percepción de que los poderosos gozan de impunidad ha aumentado notablemente, y uno de los principales responsables percibidos es el sistema de selección del Fiscal Nacional.
Además, la figura del fiscal nacional no solo dirige estratégicamente las investigaciones, sino que también selecciona a los fiscales regionales y coordina las líneas de acción. Si esa dirección responde a intereses políticos, toda la estructura puede verse sesgada, limitando el alcance de investigaciones cruciales.
Hacia una reforma necesaria
Numerosas voces, tanto desde la academia como desde movimientos sociales y partidos políticos, han exigido una reforma urgente del sistema de selección del Fiscal Nacional. Se propone que este cargo sea elegido mediante concursos públicos, con participación de múltiples actores —incluyendo académicos, jueces, representantes de la sociedad civil—, asegurando así criterios técnicos y meritocráticos, más allá de afinidades partidistas.
Esta reforma, aunque compleja, es vital para recuperar la confianza en las instituciones. Mientras persista el actual modelo, donde el presidente elige al fiscal, seguirá existiendo el riesgo de que las investigaciones sean instrumentos de persecución selectiva o, peor aún, herramientas de protección para quienes detentan el poder.
Conclusión
Chile necesita una Fiscalía realmente independiente, capaz de investigar sin temor ni favoritismos a todos los ciudadanos, incluidos quienes ostentan cargos públicos relevantes. Mientras el Presidente mantenga el poder de designar al Fiscal Nacional, la sombra de la impunidad seguirá planificando sobre la clase política. La reforma no es solo un asunto técnico; es una demanda ciudadana de justicia, transparencia y democracia real.
