La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido al menos 9 años consecutivos para fijar precios a quienes compran este recurso. Los datos se recabaron entre los años 2012 y 2021, sobre el recurso que extraen los pescadores artesanales de la zona.
Los antecedentes del ente persecutor permitieron presentar acusación en contra de las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör. La FNE estableció que “coordinaban sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada y retrasaban o contenían las alzas de precios que ocurrían durante todo el periodo extractivo del recurso que va desde julio a noviembre de cada año”.
En su acusación, el ente persecutor plantea que, para lograr su objetivo, los representantes de las compañías se reunían presencialmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se conectaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla.
Como consecuencia del análisis investigativo, se solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Aniales (UTA), equivalentes a cerca de US$54 millones ($51.870 millones) a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi $424 millones a los ejecutivos responsables.
Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el periodo de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, con destinos a China, Estados Unidos y México principalmente.
En su investigación, la FNE constató que, como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada, las empresas a través de esta colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo y luego retrasar o contener las alzas, transmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores.
“Al comunicarse, las empresas requeridas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores -para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores-, o cuál sería su estrategia en futuras compras, neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo”, señala el requerimiento de la FNE.
Cabe destacar que la evidencia muestra que los contactos entre las empresas requeridas “se producían normalmente ante las presiones de los pescadores artesanales o de los acarreadores para aumentar el precio de compra, o cuando existían aumentos de precios abruptos o inesperados”. Más aún “existía entre las empresas requeridas una preocupación por la evolución de los precios y una voluntad compartida de actuar de manera coordinada frente a las presiones de los pescadores artesanales o de los acarreadores, todo ello con el objetivo de no ver mermadas sus ganancias”, consigna la FNE.
Confesión de empresa coludida
Según reconoce la FNE, la investigación comenzó el 2020 luego de una denuncia ingresada donde se informó de una “concertación de precios que se viene generando por parte de empresas comercializadoras de centolla, acuerdos que durante largos años los han establecido de forma arbitraria en nuestra región”.
En febrero de 2021 se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, “quienes confesaron su participación y la de las otras tres compañías en este cartel y aportaron información útil para acreditarlo”, sostienen desde un comunicado publicado por la FNE.
En octubre del mismo año se sumaron allanamientos, incautando computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos de empresas asociadas al rubro. También se contemplaron interceptaciones telefónicas a ejecutivos.
Todo lo anterior, además de las declaraciones presentadas por los ejecutivos, permitió obtener contundente evidencia que acredita la conducta colusoria acusada en la presentación ante el TDLC.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, manifestó que “con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”.
Grunberg destacó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.
Los próximos pasos
Dentro de los plazos establecidos, los acusados podrán presentar sus descargos y defensas de forma y fondo respecto de la acusación y sanciones solicitadas. Para eso también podrán aportar medios probatorios. Esto se puede extender durante algunos meses para luego llegan finalmente a la celebración de una audiencia pública ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Fuente: La Prensa Austral
