Veinte días hábiles fue el plazo otorgado por la contralora general Dorothy Pérez al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para nombrar titulares en los cargos de Administración Municipal, Asesoría Jurídica, Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Gestión de Desastres y Secretaría de Planificación Comunal, actualmente ocupados por funcionarios de planta en calidad de subrogantes.
Según la normativa vigente, para asumir estos cargos de confianza, los funcionarios deben renunciar a su posición en la planta. Sin embargo, Radonich habría implementado un mecanismo que le permitió eludir esta exigencia legal: los designaba como suplentes por seis meses y, al finalizar dicho periodo, nombraba interinamente a terceros por breves lapsos, para luego reinstalar a los mismos funcionarios en el cargo, perpetuando así las suplencias.
El dictamen de la Contraloría General de la República fue una respuesta a las presentaciones realizadas por los concejales José Becerra Carvajal, Jorge Risco Navarro, Dalivor Eterovic Díaz y Jonathan Cárcamo Gómez, así como por la Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas (Astramupa).
A nivel regional, la Contraloría había desestimado previamente cuatro denuncias relacionadas con este mismo asunto.
Alcalde descarta ilegalidad
Consultado por el dictamen, el alcalde Claudio Radonich afirmó que la resolución no determinó ninguna falta, dado que no se instruyó sumario administrativo. “Reiteramos lo que siempre hemos dicho: no hay detrimento patrimonial, no es una falta, se actuó de buena fe”, declaró.
Sin embargo, reconoció que el escenario genera un dilema para su administración, ya que si desea mantener en sus cargos a los actuales subrogantes de confianza, estos deberán renunciar a su calidad de planta. En caso contrario, deberá recurrir a profesionales externos.
También subrayó que estos puestos requieren el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos para que la gestión comunal no pierda “ritmo”.
“Yo lo he dicho: me la jugué y me la voy a jugar siempre por tener funcionarios dentro de la municipalidad ocupando estos cargos y no traer gente de afuera”, precisó.
Radonich defendió la práctica señalando que se basa en el principio de eficiencia, afirmando que con este modelo se ahorran cerca de $20 millones al año, y que su objetivo es promover a funcionarios de carrera a cargos de confianza.
Reacciones del Concejo Municipal
Las reacciones de los concejales no se hicieron esperar. El concejal Miguel Contreras afirmó que esto responde a un cambio de criterio entre la Contraloría regional y la nacional. “Todo esto se gestó tras la emisión de un programa de televisión sesgado; se generó más escándalo del que había”, indicó.
Por su parte, el concejal Germán Flores señaló que “no era un delito, por lo tanto, los fallos se acatan y en los próximos 20 días se tendrán que hacer los nombramientos correspondientes”.
En tanto, el concejal Dalivor Eterovic criticó la pasividad del órgano regional: “Lamentamos tener que llegar a la Contralora Nacional para aclarar estas situaciones que eran conocidas por la Contraloría Regional”. Y agregó: “Nos complace que la contralora determine que estas suplencias interminables sean declaradas ilegales”.
