En Torres del Paine ya no estamos frente a un simple desorden administrativo. Estamos frente a una forma de hacer política: cuando la justicia ordena una cosa, la Alcaldesa Anahí Cárdenas hace otra.
La Corte Suprema ordenó remover a Patricia Ávila del cargo de administradora municipal y calificó la omisión de la Alcaldesa como un acto “ilegal y arbitrario”. Pero en vez de cerrar esa etapa como correspondía, Ávila terminó reubicada en SECPLAN. O sea, no salió del poder; sólo cambió de oficina.
Y como broche de oro, desde ese nuevo cargo apareció liderando los pagos por horas extras del municipio, concentrando casi un tercio del gasto total en ese concepto durante el período analizado. En paralelo, otro funcionario llegó a marcar 108 horas extra en un mes. Demasiado escándalo para tan poca prolijidad.
El problema de fondo no es sólo Patricia Ávila. El problema es una Alcaldesa que, en vez de dar señales de autoridad seria, da señales de protección interna.
Y cuando una autoridad protege a los suyos incluso después de un fallo de la Suprema, deja de gobernar para la comuna y empieza a gobernar para su círculo.
Anahí Cárdenas no administró una crisis. La maquilló. Y en política, cuando una alcaldesa cree que cumplir un fallo es simplemente mover a alguien de escritorio, lo que queda al descubierto no es astucia: es desprecio por la institucionalidad.
