Abogado de la familia Harex espera que la Suprema revoque el fallo que anuló procesamiento de Bernardo Bastres

A la Corte Suprema apeló el Abogado de la Familia Harex, Pedro Díaz Belmar, buscando que sea esta instancia la que revoque el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que anuló los procesamientos de los Sacerdotes Bernardo Bastres y Leonardo Santibáñez Martínez.

Los Ministros Caroline Turner González, Claudio Jara Inostroza y la Abogada integrante Carmen González Mundaca, resolvieron el pasado 25 de octubre acoger el recurso de amparo que el Abogado Matías Hiriart Bertrand presentó a favor de ambos sacerdotes, en contra de la entonces Ministra Marta Jimena Pinto. 

En consecuencia, dejaron sin efecto el auto de procesamiento del 11 de octubre, mediante el cual los religiosos fueron sometidos a proceso como encubridores del delito de sustracción del entonces menor de edad Ricardo Harex González, “por estimar esta Corte que no hay antecedentes suficientes que lo justifiquen”.

Abogado de la familia

El Abogado Pedro Díaz discrepa que sea el recurso de amparo el idóneo para resolver una causa de esta envergadura, donde deben analizarse los 23 tomos más los cuadernos reservados. Así podían tener acceso a la información de la causa y resolver en base a estos antecedentes. En ellas hay un cúmulo de declaraciones y diligencias realizadas por el tribunal que investigó. 

Por tal razón, y por una cuestión de real justicia para las víctimas, “se hace necesario recurrir al máximo Tribunal de la República, para que se enmiende con arreglo a derecho, lo resuelto por la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ya que esta resolución no sólo nos afecta, sino que nos causa agravio, toda vez que el procesamiento fue dictado por un Juez de la República y no se han vulnerado los derechos de los procesados, es decir, no se cumplen los requisitos básicos del artículo 21 de nuestra Carta Magna, ya que es una disposición, muy clara y que corresponde a un recurso extraordinario, es decir, cuando no existen otros recursos respecto de los hechos que afectan a una persona que ve vulnerada su libertad personal de acuerdo a la descripción que hace nuestra Constitución. Sin embargo, en esta misma causa, se dedujeron recursos de apelación y amparo por un mismo procesado, cuestión que se denomina abuso del derecho, para una misma resolución, generándose así al efecto, hasta resoluciones contradictorias, sobre una misma resolución válida y legalmente dictada”. 

Para el Abogado de la Familia Harex, la Corte de Apelaciones careció de la información que se encuentra en la propia causa, para ir más allá de lo que significa un recurso de amparo.

Hace notar que “hay un procesamiento dictado por el tribunal a quo, que corresponde nada más ni menos, que a una Ministra de la misma Corte de Apelaciones”.

Es decir, “es una resolución que se enmarca precisamente en los requisitos legales al efecto. Otra cosa es que esta resolución no le guste a los procesados y ellos, a través de todas las herramientas legales, traten de defender a estos encargados reos”

A su juicio, es necesario restablecer el imperio del derecho y que cada recurso se vea en la esfera que corresponda, “con el análisis de los antecedentes que han rodeado las resoluciones judiciales y bajo los recursos procesales ordinarios que la ley entrega a los procesados y no con recursos extraordinarios y con antecedentes parciales que se ven en este tipo de recursos”

“En caso de revocarse, y espero que así sea, quedarían procesados estos dos Sacerdotes y tendrán que defenderse en primera instancia, ante el Juez de Fuero que está viendo esta causa (Marcos Kusanovic) y con los recursos pertinentes que otorga la ley en ese procedimiento”, dijo ayer a La Prensa Austral el Abogado Pedro Díaz.

Instituto de Derechos Humanos

El Instituto de Derechos Humanos, que es interviniente en esta causa en calidad de querellante, se adhirió y también apeló a la Corte Suprema, por estimar que el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, a favor de los Sacerdotes Bastres y Santíbañez, les causa un “manifiesto gravamen a esta parte”, según indica el Abogado del instituto Julio Cortés Morales.