La Consejera Regional y ex Dirigente Habitacional Roxana Gallardo sostuvo que instrumentos como el DS 01 y el DS 19 no representan alternativas para la mayor parte de la clase media de Magallanes, debido a las exigencias que exige la banca a los créditos hipotecarios.
La Consejera Regional Roxana Gallardo afirmó ayer que “si un grupo de consejeros cree que lo que he dicho es manipulación política, entonces es que no entienden nada, porque este reglamento lo que va a hacer es excluir a miles de familias de Magallanes de la posibilidad de contar con una casa propia”.
En este sentido, la CORE fue enfática en afirmar que de mantenerse el reglamento en los términos actuales, “lo que se hará es generar un daño tremendo a las familias de clase media de Magallanes”.
Ello porque el reglamento solo permite que un 10% de todos los integrantes de un comité de vivienda, puedan tener puntajes superiores al 40% de Registro Social de Hogares (RSH) y ser personas solas que no conforman un grupo familiar.
Gallardo detalló el impacto que representará esta determinación. “Para tener un 40% de RSH tienes que estar viviendo en un campamento o una vivienda que no tenga alcantarillado, es decir, condiciones que casi no se dan en Magallanes. Si tienes un matrimonio donde ambos ganan el sueldo mínimo, quedan fuera del beneficio”.
Gallardo sostiene que, aunque se diga que para la clase media hay otros instrumentos como el DS 01 y el DS 19, “esos programas requieren de un crédito hipotecario y son muchas las personas de clase media que nunca podrán acceder a un crédito hipotecario, porque tienen trabajos temporales y, en cambio, son clasificados como de clase media por la ficha de protección social”.
Focalización cuestionada
Gallardo acusa que se busca volver a políticas focalizadas a comités conformados casi únicamente por las personas más vulnerables.
Gallardo considera que ese enfoque fracasó y por ello se lo reemplazó por políticas habitacionales de integración social. “Todos sabemos a lo que nos llevaron esas políticas focalizadas y la segregación que generaron en la población, a nivel nacional. Hace años en Magallanes, cuando se intentó aplicar estas políticas de focalización resultó que por los sueldos que existen en la región, todo el mundo quedaba fuera”.
Integración
Gallardo sostuvo que para gran parte de la clase media en Magallanes, incapaz de acudir a un crédito hipotecario y la posibilidad de sumarse a un comité de vivienda fue la única opción por años. “En todo el país, se permite que el 30% de los integrantes de un comité de vivienda sean personas por sobre el 40% de RSH, como parte de las políticas de integración en las que llevamos ya varios años y han sido un éxito”, dice Gallardo, quien enfatiza que gracias a ello fue posible que muchas personas pudieran acceder al sueño de la casa propia en Magallanes, a pesar de todas las limitaciones.
Ahora, con este nuevo reglamento, sostiene: “Ese porcentaje se rebaja de un 30 a un 10 por ciento y donde vamos a tener que reservarlo únicamente a las personas solas con discapacidad, que tengan registro Conadi y, por lo tanto, la ley les permite postular solas y a los adultos mayores viudos y viudas”.
-Se ha dicho que la autoridad puede otorgar excepciones en casos fundados…
“Así es, pero no se da ningún criterio para eso, lo que abre un tremendo espacio para que sea la autoridad de turno la que decida a quién le otorga el beneficio y a quién, no”.
Gallardo recordó en este sentido el llamado del consejero regional (PC), Juan Vukusich, quien instó a avanzar en un reglamento con mayor consenso entre los consejeros, dada la importancia y complejidad de la materia y para evitar problemas como los ocurridos con otras decisiones del Consejo Regional, donde se hizo oídos sordos a las objeciones con graves resultados. “Creo que él tenía razón, aquí se aprobó un reglamento lleno de deficiencias, solo para marcar un punto político y no se trata de eso”.
Graves abusos
Uno de los puntos más importantes destacados por los consejeros regionales que apoyaron la dictación del nuevo reglemento de vivienda es que obedece, precisamente, al pedido de las organizaciones sociales, quienes por años han solicitado perfeccionar la asignación de estos beneficios, incluso llegando el Gobierno Regional a presentar acciones legales ante la Fiscalía en diciembre de 2021. “Es el Ministerio de Vivienda el que debe realizar esta fiscalización y quien tiene las herramientas para decidir quién reúne y quién no los requisitos sociales para recibir este beneficio”, respondió Gallardo.
