La Corte Suprema de Justicia de Chile revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y acogió el recurso de protección presentado por la inspectora provincial del Trabajo de la provincia de Ultima Esperanza, Gabriela Alvarez, quien a mediados del año pasado fue desvinculada por salud incompatible, discriminándola por ser una mujer trasplantada, desconociendo con ello la Ley de Inclusión Laboral, pese a ser el organismo que debe velar por el cumplimiento de esta norma.

En su fallo, el máximo tribunal indica que la Dirección del Trabajo actuó de forma ilegal al declarar terminado el vínculo laboral, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la funcionaria. Por ello expresó que “se acoge el recurso de protección deducido por (el abogado) Carlos Abarzúa Villegas en representación de Gabriela Alejandra Alvarez Pérez en contra de la Dirección del Trabajo, por lo que se deja sin efecto la decisión de desvinculación del servicio, debiendo la recurrida reincorporar a la actora”.

La funcionaria manifestó su alegría por este fallo al indicar que “estoy feliz porque finalmente era verdad que la Dirección del Trabajo había vulnerado mis derechos fundamentales al despedirme”.

Caso inédito en el país

Su caso es el primero en el país donde una funcionaria pública que es beneficiaria de una pensión de invalidez puede seguir trabajando amparada en la Ley de Inclusión Laboral, tal como sucede en el sector privado, donde se considera una infracción gravísima no respetar la normativa al respecto, por lo que se sanciona con multas que van desde las 40 a las 60 Unidades Tributarias Mensuales. Por ello, agregó que el fallo de la Corte Suprema  “marcó un precedente para todos los funcionarios públicos que tengan alguna discapacidad o que sean beneficiarios de alguna pensión de invalidez como es mi caso. Sepan desde ahora que están amparados por la Ley de Inclusión”.

La administradora pública, Gabriela Alvarez Pérez, de 33 años, ingresó por concurso público a la Dirección del Trabajo en el año 2009 como conciliadora, cuando recién había egresado de la universidad.

En julio de 2012 se sometió a un trasplante de riñón por lo que se mantuvo con reposo por seis meses para luego reincorporarse a sus labores.                                              

En agosto del año 2014 ganó el concurso para desempeñarse como inspectora provincial del Trabajo de Ultima Esperanza (jefa de la oficina provincial), por tres años. En diciembre de 2017 nuevamente ganó este concurso por el mismo plazo de tiempo.

El 8 de noviembre de 2018, tramitó su pensión de invalidez que determinó una invalidez transitoria parcial con un menoscabo del 52%. Al mismo tiempo pidió ser acogida en la Ley de Inclusión Laboral. Sin embargo el 2 abril de 2019 su empleador (la Dirección del Trabajo) le comunicó que sería desvinculada en seis meses a contar de dicha fecha por tener un estado de salud irrecuperable.