“En lugares donde hay cuarentena total, hay personas que están entregando servicios sin los cuales no podría funcionar una ciudad. La idea de este proyecto es reconocer que hay personas que están expuestas a un mayor riesgo, ya que están obligadas a trabajar, a diferencia de otras que sí pueden hacer la cuarentena y, por lo tanto, queremos entregarles estos beneficios debido al riesgo que implican sus labores”, dijo el parlamentario.

Respecto a quienes están dirigidos estos beneficios, el documento señala: “A todos los trabajadores que desempeñen, sin distinción del régimen contractual, actividades laborales en el sector de la salud, emergencias, alimentos y todos los exceptuados de paralizar sus actividades según la Resolución Exenta Nº 88 del Ministerio de Hacienda de fecha 6 de abril de 2020”.

Así, está dirigido por ejemplo a los funcionarios de hospitales, Cesfam, SAPU, los servicios que entregan alimento, limpieza, reparación y mantenimiento esencial para el funcionamiento de estos recintos asistenciales, las farmacias, laboratorios, productores de medicamentos; recolectores de basura, de transporte de residuos, servicios en residencias destinadas a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y de personas con discapacidad o en situación de calle.

También a quienes trabajan en servicios para el mantenimiento, reparación y funcionamiento de la infraestructura pública, a los trabajadores de supermercados, panaderías, mercados, centros de abastecimiento, distribución, producción de alimentos y los que provean los insumos y servicios logísticos para ellos, entre otros mencionados en tal resolución.

El diputado independiente explica que este proyecto se enfoca en la necesidad de crear estabilidad financiera en personas que exponen su vida para recuperar la salud de todos los habitantes del país y a los que hacen posible que se sigan suministrando servicios imprescindibles para el buen funcionamiento de las ciudades.

De esta manera, el mecanismo propuesto es la creación de dos instituciones, una asignación por el desempeño de funciones críticas y un seguro de vida. La primera es definida por la Contraloría General de la República como un “estipendio que se otorga mensualmente a los funcionarios de planta y a contrata, (…) que no correspondan a altos directivos públicos y que desempeñen funciones calificadas como críticas por la autoridad”.

De acuerdo a la ley N°19.882, se considerarán funciones críticas aquellas que sean relevantes o estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que éstos deben proporcionar.

El parlamentario aclara que el proyecto de resolución considera que, dadas las circunstancias particulares de pandemia, las labores que desempeñan los funcionarios de instituciones que no pueden paralizar sus actividades deben ser consideradas como “relevantes y estratégicas”.

De igual manera, el diputado magallánico aclara que, si bien esta asignación es otorgada sólo a funcionarios de planta y a contrata de los servicios públicos, el proyecto de resolución considera que no se deben hacer distinciones en cuanto al régimen de contratación para otorgar el incentivo económico.

“El seguro de vida que proponemos otorgar es lo mínimo que el Estado debe entregar a los funcionarios que ponen en riesgo su vida realizando funciones destinadas a combatir una pandemia que ha costado la vida a millones de personas en el mundo, lo que también les entregará seguridad a sus familias”, concluyó.