Por Antonio Yakcich Furche
Presidente Instituto O’Higginiano de Rancagua
Por años hemos sido testigos de la discusión en torno al financiamiento con dineros provenientes de la explotación del cobre, de las necesidades propias de la Defensa Nacional.
Como sabemos, las discusiones producidas en diversos niveles, llevaron a que la denominada Ley del Cobre vigente por décadas, fuese cambiada por un financiamiento plurianual.
La historia, fuente de permanente inspiración y referencia, en cuanto a extraer del pasado antecedentes que posibiliten la adopción de medidas en el presente, que impacten en el futuro, nos entrega un antecedente interesante sobre el tema.
Por Decreto de primero de abril de 1822, el gobierno encabezado por Bernardo O’Higgins, dispuso con acuerdo del Honorable Senado de la República, imponer un impuesto de un peso por cada quintal de cobre que se extrajera en el territorio nacional, con la intención de financiar en parte la futura expedición libertadora del Archipiélago de Chiloé, gravamen que regiría durante un año contado a partir de la publicación del Decreto en comento.
Llama entonces la atención, que el metal rojo fuera en dicha época una fuente de financiamiento confiable para satisfacer los intereses nacionales en el ámbito de la Defensa, perdiendo esa condición en los tiempos actuales.
