POR DANILO DÍAZGRANADOS

Uno de los grandes objetivos que se han planteado los responsables de las políticas económicas en los gobiernos latinoamericanos tiene que ver con el diseño de mecanismos y desarrollo de las iniciativas necesarias para lograr el incremento de los niveles de inclusión financiera, sobre todo en los estratos más bajos de la población.

Para nadie es un secreto que los esquemas de microcréditos y las microfinanzas han logrado incorporar a un mayor porcentaje de los habitantes de la región a las bondades y beneficios que puede ofrecerles el sector bancario, principalmente a los segmentos más desposeídos. Estos, por lo general, son los receptores de ayudas sociales por parte del Ejecutivo, así como de financiamientos para insertarse en la aventura del emprendimiento de pequeños negocios y mejorar así su calidad de vida y la de su entorno familiar.  

Latinoamérica es la tierra de las desigualdades, de conflictos políticos y sociales y de mucha distorsión en lo referente a la economía. Las recetas de organismos internacionales y las teorías de economistas reputados chocan al enfrentarse con la realidad que circunda la región. Ahora mismo el panorama es cada vez más incierto con la llegada de la pandemia. 

No obstante, también es territorio de oportunidades. Así lo han puesto de relieve la inmensa cantidad de empresas y capitales foráneos que han elegido a América Latina como uno de los destinos preferidos al momento invertir. Y es precisamente en ese ambiente, en el cual la banca internacional, sobre todo la europea, se asentó hace algunos años, propiciando el establecimiento de nuevas y quizá mejores formas de administrar el negocio bancario. 

La Federación Latinoamericana de Bancos presentó recientemente un informe en el cual destaca que actualmente existe un entorno ferozmente adverso a la inclusión, en virtud del incremento de la pobreza, mayor desempleo y desigualdad en el ingreso, reducción del ingreso per cápita, de las remesas y de la inversión extranjera directa. Todo lo anterior como consecuencia de la paralización económica por la crisis sanitaria originada por la pandemia.

Destaca el documento que “los grupos más vulnerables y pobres de la población se verán afectados directamente y con ello se erosiona la capacidad de respuesta al acceso y uso de los servicios financieros”. Este segmento de la población tiene serias limitaciones para honrar sus compromisos y menor capacidad de ahorro. 

En la constante búsqueda por reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, se hace imprescindible que gobiernos e instituciones bancarias desarrollen y estimulen políticas de inclusión financiera. El bienestar de la población debe ser el objetivo que les guíe.