En un fallo de primera instancia firmado por el titular del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, Claudio Neculmán Muñoz, se condenó a la empresa Nova Austral a pagar una multa de 3.000 Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a unos $150 millones, por entregar información errónea y fuera de plazo al Servicio Nacional de Pesca sobre índices de producción salmonídea en junio del año pasado.
El caso, difundido por el medio electrónico El Mostrador, reveló que la empresa había ocultado el real número de mortalidades que se producía en sus centros de cultivo en la Región de Magallanes y ante lo cual se habría informado una mortalidad inferior a la autoridad fiscalizadora.
Por ello la directora nacional de Pesca, Alicia Gallardo, denunció a la justicia a la empresa por la entrega de información no fidedigna y fuera del plazo. Por ello, pidió aplicar la máxima sanción posible conforme a lo establecido por la Ley de Pesca y que equivale a la multa de 3.000 UTM y a la suspensión de operaciones hasta por dos ciclos productivos.
El tribunal estimó que las infracciones constatadas constituyen una lesión grave “generado por la necesidad de prevenir la irrupción y propagación de enfermedades graves que afecten al ecosistema marino”.
Sin embargo, el tribunal no aplicó la suspensión de operaciones por dos ciclos productivos como lo dispone la ley, argumentando que la empresa habría colaborado con el proceso y corregido sus procedimientos.
Desde el Servicio Nacional de Pesca destacaron que el tribunal puntarenense confirmó la gravedad de la conducta de la empresa, al ocultar información que consideran crítica para fiscalizar apropiadamente el proceso productivo.
“Estamos satisfechos que una situación tan grave como el ocultamiento deliberado de información en que incurrió Nova Austral haya sido sancionado. La entrega de información sobre las mortalidades de los centros de cultivo es esencial para prevenir situaciones sanitarias que no sólo afectan a la empresa, sino a todo su entorno”, señaló. Sin embargo, agregó Alicia Gallardo, apelarán de la sentencia “porque creemos que no existen antecedentes que justifiquen que no se haya aplicado la suspensión de operaciones como lo ordena la ley, y además porque deben darse muestras concretas de parte de nuestra institucionalidad en el sentido que este tipo de comportamiento no es tolerable y, por ende, deben operar en su integridad las sanciones establecidas para evitarlo”.
A juicio de la directora de Sernapesca aclaró que esta práctica no es habitual en la industria salmonera chilena. Para ello, desde hace más de un año la entidad ha implementado un sistema de auditorías especializadas en base a perfiles de riesgo, que a la fecha no han arrojado hallazgos significativos.
La Prensa Austral intentó obtener una versión de Nova Austral, pero al cierre de la edición aún no había un pronunciamiento oficial.
El fallo es apelable ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
