Para resguardar la atención que reciben los adultos mayores en el Eleam Magallanes, Heriberto Cisterna León, quien es tutor del residente José Augusto Almonacid, llegó ayer hasta la Corte de Apelaciones para interponer un recurso de protección por vulneración de derechos que se habría generado con el cambio de administrador de la residencia de calle Hornillas. En la presentación legal dirigida en contra del Ministerio de Desarrollo Social, la coordinación regional del Senama y en contra del Servicio de Salud, se solicita se decrete orden de no innovar.
El abogado patrocinante, Rodrigo Henríquez Narváez, sostiene que según el familiar de uno de los residentes, hay seria amenaza para los adultos mayores que habitan en dicho establecimiento, porque al tratarse de un organismo privado quien asume la concesión, no estará en condiciones de entregar la atención que ha prestado durante todo este tiempo el Servicio de Salud.
Explica que en las bases de licitación del concurso público destinado a modificar la administración y operación del Eleam, queda de manifiesto la intención de privatizar el servicio, lo que viene a precarizar los cuidados, ya que se contempla una disminución del personal y una rebaja de la cantidad de los recursos que se reciben por cada usuario atendido.
Argumenta que el convenio con un privado limitará las prestaciones, a los servicios que se encuentran financiados por esa vía, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, porque cuando el Servicio de Salud no cuenta con recursos disponibles, accede a los que dispone el ministerio al que pertenece. Por lo tanto, no resulta posible eludir el hecho de que el 85% tiene dependencia moderada o severa, por lo que el índice per cápita no financiará los mayores costos que demanden sus atenciones, generando una grave vulneración de derechos.
“Luego de 8 años, lisa y llanamente, proceden a abandonar el cuidado de las personas mayores, que asumieron voluntariamente, y lo que resulta más lamentable, el Estado de Chile deja de lado su posición de garante, que durante todo este tiempo no tuvo inconvenientes para desarrollar, justificando su actuar en la excusa que el Servicio de Salud no participó del proceso licitatorio, ya que no pudo presentar una boleta de garantía. Esta situación, sólo demuestra que no deseaba continuar con la operación y, hoy, expone a los 60 usuarios a un trato indigno y vulneratorio”.
