“Mantener un servicio de eficiencia, seguro y de excelencia como ha sido nuestra costumbre y evitar subir el costo del pasaje a nuestros usuarios, es aquello que motiva nuestra acción”, fue la declaración con que ayer, la gerencia de Buses Fernández, enfatizó el motivo central por el que interpuso un recurso de amparo económico -declarado admisible el 13 de septiembre por la Corte de Apelaciones- en contra del Decreto Alcaldicio Nº 0431 del 25 de marzo de 2019, impuesto por el jefe comunal de Puerto Natales, Fernando Paredes Mansilla y que establece un valor de $12.000 por cada salida del rodoviario, al ser considerada la firma como ‘empresa’ en dicho rango de cobro.
A través de una declaración, la empresa familiar enfatizó que fue hace más de seis años que, con el propósito de contribuir al desarrollo de la comuna, aceptó la invitación del municipio natalino para utilizar las dependencias del nuevo rodoviario. Esto a pesar de que ya contaba con un terminal habilitado, autorizado y con todas las características necesarias para desarrollar su actividad enfocada al transporte de pasajeros.
Aún así, la gerencia decidió asumir el costo de un arriendo de oficinas, que no era necesario y que implicaba además la contratación de nuevo personal e implementos, en el entendido de un bien superior. “Sin perjuicio de que nunca existió un acuerdo escrito, siempre se razonó en el sentido que el derecho de losa para nuestra empresa no se cobraría o, en caso de cobrarse, no constituiría un valor excesivo; lo anterior, porque a pesar que la ordenanza establecía la posibilidad de este cobro, se entendió que era absurdo que la empresa pagara nuevamente por los mismos servicios que tenía en su terminal privado. Por ello recibimos con sorpresa el Decreto Alcaldicio”.
Complementa la empresa indicando que al momento de establecerse el derecho a losa, se debía ejecutar una serie de actos con el objeto de implementarlo, “pero nunca se imaginó que uno de ellos iba a impedir el regreso de nuestra empresa a sus instalaciones privadas, como lo constituye el Decreto Alcaldicio Nº 0664 del 7 de mayo de 2019, que restringe la circulación de nuestros buses en un polígono que incluye nuestro terminal de calle Eleuterio Ramírez”.
Retorno vedado
De esta manera, Buses Fernández plantea que el accionar de la municipalidad impide que la empresa regrese a sus antiguas instalaciones, obligándola a asumir un costo por uso del terminal rodoviario, lo que a juicio de la gerencia constituye un incremento cercano a un mil por ciento en relación a lo que actualmente se paga por dichos conceptos. “De esta manera la única posibilidad de mantener nuestros valores actuales, sería regresando a nuestras antiguas dependencias, retorno que está vedado, como consecuencia de la normativa municipal dictada. Así las cosas, es necesario dejar claramente establecido que la acción judicial intentada está suficientemente fundada en los hechos y en lo jurídico, y que su fundamento último es evitar incrementar el costo del viaje al pasajero para cancelar las diferencias que se originan en el cobro de un derecho a losa que es, a nuestro juicio, improcedente jurídicamente y excesivo”.
