La emergencia medioambiental que produjo el vertimiento de 40 mil litros de petróleo diésel, en isla Guarello, por parte de la empresa Cap, movilizó al intendente José Fernández hasta el sector. La primera autoridad regional fue acompañada por el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Ronald Baasch y el seremi de Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, donde pudo constatar los trabajos de mitigación que se están desarrollando.
“El combustible está confinado en una pequeña bahía y hay unas barreras de contención que desplegó primero la empresa. Posteriormente, la Armada al llegar dispuso de una barrera más grande y se está trabajando en recuperar esta agua contaminada. La empresa ya lleva alrededor de 15 mil litros recuperados, y se sigue trabajando”, informó el intendente, que en su recorrido aseguró no haber detectado presencia de fauna afectada.
Específicamente sobre la labor que se desarrolló ayer, el comandante Ronald Baasch, puntualizó que se dispuso de “150 metros de barrera flotante, más un equivalente a barreras absorbentes, paños, y un sistema de bombeo y filtrado, especialmente diseñado para el control de contaminación, a diferencia de lo que la empresa, como sus medidas de mitigación inmediata hizo, que fue recoger agua contaminada, la cual fue separada después del diésel. Este equipo que llevamos tiene la capacidad de actuar directamente sobre el combustible derramado, separándolo in situ del agua y pudiendo llevarlo a la costa a través de mangueras de bombeo”, explicó Baasch, proceso que reconoce como más efectivo, pero más lento, lo que debiera subsanarse con la llegada de la empresa externa contratada por Cap (Litoral SPA).
Vacío legal
Respecto de las responsabilidades de la empresa y las sanciones que podría recibir, tanto el intendente como el seremi de Medio Ambiente, reconocen que por la antigüedad que tiene la empresa trabajando en la zona, no está adscrita a la Ley de Medio Ambiente, y por lo tanto, no cuenta con resolución de impacto ambiental.
“Esta empresa se encuentra operando desde los años ’50 en este lugar. Hay servicios especializados, como Sernageomin, que tienen atribuciones de fiscalización, así como la dirección del Trabajo, por lo que es una empresa que se fiscaliza igual que otra. La única diferencia es que, por la antigüedad que tiene, no tiene una resolución de calificación ambiental para sus operaciones”, reconoció el intendente José Fernández.
En esa línea, el seremi Eduardo Schiappacasse indicó que “el Ministerio de Medio Ambiente está impulsando una Ley de Delitos Ambientales Graves, y esa ley facultaría a la Superintendencia de Medio Ambiente para actuar, investigar y sancionar en situaciones como ésta”.
