Un traumatólogo que fue despedido del Hospital de Puerto Natales demandó al recinto en 158 millones de pesos. Acusa que su desvinculación fue irregular y vulneró sus derechos fundamentales.
De nacionalidad colombiana, el médico Alejandro Arguello Arévalo se integró al Servicio de Salud de Magallanes en enero del 2019. Su contrato en Puerto Natales se renovaba cada mes y debía otorgar atención especializada a los pacientes del recinto.
Una serie de episodios habrían enturbiado la relación con su empleador. Según la demanda, debió suplir durante tres meses a otro traumatólogo que se desempeñaba en el llamado de urgencias. “En la práctica significaba estar al servicio las 24 horas del día y los siete días de la semana”, dice el demandante.
Según la acción judicial, el hospital reemplazó al traumatólogo faltante con un funcionario que no podía entregar licencias, pues no estaba registrado en la Superintendencia de Salud. “Finalmente todos los pacientes que requerían descanso debían ser revisados por mi representado, generándose problemas administrativos”, señala la demanda patrocinada por la abogada Katiuska Muñoz.
Tras dos años de trabajo ininterrumpido, el médico Arguello solicitó hacer uso de su feriado legal. Sin embargo, la dirección rechazó la petición porque ya se había entregado el permiso al otro traumatólogo.
“Se le informa que para hacer uso de dicha posibilidad debía buscar un reemplazante, pese a que jamás se le exigió al otro profesional para hacer uso de su feriado”, indica la demanda.
Bajo sobrecarga emocional y angustia, su psiquiatra le facilitó una licencia médica en enero del 2021. Intentó regresar al hospital natalino en casi 10 meses después, pero le comunicaron que su contrato no había sido renovado.
El traumatólogo decidió interponer acciones legales por lo que sería un despido vulneratorio. Según su demanda, el empleador no fundamentó ni notificó formalmente la no renovación de su contrato. Tampoco se hizo una evaluación de su desempeño ni se indica la existencia de sumarios administrativos.
“Se decide no renovar la contrata de mi representado y poner término a su empleo en forma absolutamente irregular, sin respetar los requisitos y criterios exigidos por ley y vulnerando los derechos fundamentales”, señala la acción de la Abogada Muñoz.
El traumatólogo solicita una indemnización de 80 millones por conceptos de daño moral. También pide el pago de hasta 11 remuneraciones –casi 67 millones– de acuerdo a los establecido por el Código del Trabajo. Además, reclama el pago de casi 11 millones por los feriados legales acumulados.
Otras condenas solicitadas al tribunal consisten en la obligación por parte del hospital de realizar un curso sobre el respeto de las garantías de los funcionarios y que se pegue la sentencia en las dependencias del recinto.
El Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales ya acogió a trámite la demanda y el jueves pasado fue notificado el hospital.
