Poco y nada ha gustado a los funcionarios públicos la decisión del gobierno de un regreso gradual al trabajo de manera presencial, a partir de esta jornada de lunes.
Son alrededor de 60 mil los funcionarios en el país que hoy deberán volver a sus oficinas, “en condiciones de resguardo de seguridad” (como señaló el Presidente Sebastián Piñera) y con la atención que dispongan las jefaturas de servicios de acuerdo a las directrices emanadas desde el nivel central.
Ayer, se conoció que Fiscalía y Contraloría mantendrán el trabajo remoto. En el primero de los casos esgrimiendo -a través del fiscal nacional Jorge Abbott- que se trata de una institución autónoma del Estado, a la cual la medida de gobierno no resulta aplicable. En cuanto al ente contralor, su jefe nacional Jorge Bermúdez emitió una declaración para informar que la modalidad de trabajo se mantendrá “porque el primer compromiso debe ser el cuidado de la salud de los funcionarios”.
En cuanto al municipio de Punta Arenas, tanto Astramupa como las otras dos organizaciones que reúnen a los trabajadores son contrarias al regreso presencial. Lo anterior también es respaldado por los concejales y por el propio alcalde Claudio Radonich, quien inmediatamente declarada la emergencia ordenó trabajo remoto y solicitó medidas para trabajadores de las empresas que prestan servicio para el municipio.
A lo anterior, se suma como argumento que los municipios son órganos descentralizados y autónomos. Así lo recalcó la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, quien también señaló que sus funcionarios mantendrán la jornada de trabajo flexible para priorizar las condiciones de salud y seguridad.
