El miércoles representantes de tres organizaciones sindicales, entregaron a la directora zonal de Pesca, Paulina Barraza Barraza, un acabado documento en el que manifiestan su profunda preocupación respecto del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura N°18.892, particularmente en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, consideración de variables ambientales, económicas y sociales para su explotación, como de otras materias de interés para el sector.
Para las representaciones del Sindicato N°8 de Pescadores Artesanales y Armadores, de los Trabajadores Independientes de Recursos Demersales de Magallanes, así como para la Corporación de Pescadores Artesanales y Armadores Barranco Amarillo, el planteamiento a la autoridad se sustenta en que los cambios considerados en la ley, traerían consigo graves consecuencias para la actividad, impactando la tranquilidad social de más de 144 familias que se han beneficiado con la pesquería de la merluza del sur, en esta zona. “Nos parece incomprensiva la forma de incentivar cambios en nuestra legislación vigente, ya que en nombre de la transparencia se proclaman presuntos principios e intenciones que originan una modificación a la Ley de Pesca, al parecer, porque ésta en sus orígenes se encontraría viciada y facilitadora de privilegios a algunos armadores de la pesca artesanal, lo que no compartimos. Del mismo modo, con el correr del tiempo se ha ido generando un cambio en la forma de actuar de algunos actores que fueron los causantes de incentivar este proyecto de ley, ya que en su momento estuvieron de acuerdo con la promulgación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, sin reparos”, señalan.
Cesiones de cuotas
En añadidura a lo expuesto, las organizaciones enfatizan que el actual sistema de cesiones de cuota del recurso merluza del sur a la industria pesquera, es a todas luces una modalidad que resulta equitativa, teniéndose en cuenta los altos costos para su exportación y la caída del mercado español.
De ahí que la crítica al proyecto de ley apunta a que este incentivaría además la prohibición de las transferencias y/o cesiones. “No existe historia pasada ni reciente sobre reivindicaciones en Chile, en donde los propios trabajadores sustenten y animen la idea de eliminar sus fuentes de ingreso. Quienes estamos vinculados con el recurso merluza austral, tenemos conciencia que las condiciones de mercado de este recurso en nada se han mejorado. Por ello, al mantenerse las condiciones de ventas restringidas por sus bajos valores y fuertes costos para la extracción, la única alternativa posible es la venta a la industria pesquera, ya que pensar en iniciar procesos de captura como siempre lo efectuamos durante largos años, se ha transformado en una difícil posibilidad. Además la venta para consumo interno es extremadamente insuficiente, esto debido a la falta de conciencia sobre consumo de pescado en nuestras familias”, remarcan.
Retroceso
De este modo, los líderes de las organizaciones centraron su rechazo al proyecto de ley, sosteniendo que los puntos incorporados implican un retroceso para el bienestar del sector. “Hoy no tenemos porqué aceptar imposiciones centralistas y mezquinas, con las que se nos pretende involucrar gratuitamente en actos carentes de transparencia y probidad. Estamos dispuestos a defender con toda nuestra energía, para que no continúe avanzando este proyecto de ley. Hacemos un llamado a la necesaria participación política del Ejecutivo frente a estos intentos destructores del bienestar de nuestros pescadores y familias, quienes se sienten amenazados al hacerse efectiva esta perjudicial iniciativa”.
El documento fue enviado también a la seremi Economía de Magallanes, Natalia Easton; parlamentarios de nuestra región, y al presidente de la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, Luis Rocafull López.
