Con la reforma para un tercer retiro de ahorros previsionales que un grupo de diputados de oposición ingresó el viernes, y que se suma a una iniciativa presentada en diciembre por Pamela Jiles, la pregunta que surge es si hay opciones reales de que prosperen. Esto, considerando que el Tribunal Constitucional declaró que solo el gobierno está facultado para enviar este tipo de proyectos al Congreso.

Distintos abogados  constitucionalistas consultados por Pulso creen que es extremadamente improbable que los miembros del tribunal cambien de parecer en un escenario hipotético en que los proyectos se aprueben y ellos nuevamente deban pronunciarse. 

  • Sin embargo,  el jurista Domingo Lovera agrega un punto: para que las nuevas reformas lleguen a manos del TC alguien las debe impugnar.

Así, no habría que descartar que por distintas razones políticas el gobierno y parlamentarios oficialistas pudiesen desistirse de presentar requerimientos contra las reformas, al igual que con el primer retiro del 10% aprobado en julio de 2020.

“Tratándose de decisiones  que dependen de voluntades (y razonamientos tras esas voluntades) es algo que estará más sujeto a las fuerzas políticas que a un arreglo institucional propiamente tal”, concluyó Lovera.