La Corte de Apelaciones de esta ciudad acogió una orden de no innovar contenida en el recurso de protección que la inspectora provincial del Trabajo de Ultima Esperanza, Gabriela Alvarez Pérez, interpuso en contra del director nacional del Trabajo, Mauricio Peñaloza Cifuentes. El tribunal superior junto con admitir a trámite la presentación legal, decretó un plazo de 6 días al recurrido para que emita su informe.
Gabriela Alvarez impugna derechamente el dictamen de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica de la Región, el cual acepta la invalidez transitoria parcial de la funcionaria pública.
La medida fue notificada a la recurrente el 1 de abril pasado, “sin que haya mediado la posibilidad de ser oída o escuchada”, no dando respuesta a su solicitud de conservar su trabajo.
Ella ingresó al servicio en abril de 2009 tras ganar un concurso público, ingresando como fiscalizadora a contrata. En septiembre de 2014, fue nombrada como inspectora provincial del Trabajo de Ultima Esperanza.
Debido a una insuficiencia renal crónica recibe un trasplante en 2012, sin que “esto haya sido un impedimento para su desempeño funcionario”, se sostiene en la presentación.
Al acogerse la orden de no innovar, la funcionaria conservará el cargo hasta que se falle el fondo del recurso de protección.
