Manuel Soto Basauren, el hombre con el timbre de voz gruesa, estilo locutor de radio FM, se integró a la Fiscalía de Punta Arenas en 2008. En 16 años supo granjearse el afecto y cariño de sus pares. La rigurosidad y meticulosidad en las investigaciones que lideró lo llevaron a convertirse en uno de los principales persecutores. Sobre todo cuando lo dejaron a cargo de las investigaciones por tráfico de drogas.
La más emblemática de todas es sin duda el llamado caso “Confederación”. Una organización criminal que traficaba droga desde y hacia Punta Arenas. Soto obtuvo condenas para los autores de esta banda transnacional de 40, 15 y 10 años de cárcel. Las penas más altas en este tipo de delitos desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en Magallanes.
El fiscal trabajó de la mano con la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones. En total fueron acusadas 21 personas (11 hombres y 10 mujeres).
Esto le valió elogios y felicitaciones. Fue reconocido públicamente como “un excelente profesional”. Hasta el año 2023 Manuel Soto mantenía las mejores calificaciones. Incluso llegó a ejercer como fiscal regional subrogante.
El desplome
Sin embargo, cercanos a él, concuerdan en señalar que abruptamente comenzó una verdadera persecución laboral en su contra.
Esto fue sorpresivo y difícil de aceptar para quienes lo rodean y conocen más de cerca.
La situación coincide con la llegada de la nueva jefatura, desde mediados de 2023. A partir de ahí vino la reestructuración de algunos equipos de trabajo al interior de la Fiscalía.
Fuentes consultadas coinciden en señalar que esto provocó un exceso o sobrecarga laboral.
En materia de tráfico de drogas y causas de alta complejidad las investigaciones se cuadriplicaron. La demanda generó una evidente recarga de trabajo.
Por lo mismo, en más de una oportunidad Manuel Soto solicitó ayuda. Esto lo llevó a representar la inquietud de la sobrecarga a su jefatura directa.
Fiscal regional denunciado
Como no sacó nada en limpio optó por denunciar al fiscal regional, Cristián Crisosto; y a la directora ejecutiva, Camila Fernández, “por acoso laboral”.
Extrañamente, se dice que esto trajo de la mano el inicio de dos investigaciones administrativas en contra de Manuel Soto, que lo “hundieron”.
Esto ha significado que en un periodo de siete meses ha debido enfrentar cuatro investigaciones administrativas, y una de carácter penal, que lo mantienen suspendido de sus funciones.
Los que llevan años en el Ministerio Público comparten que “esto nunca se había visto al interior de la Fiscalía, desde su creación el año 2002, sobre todo tratándose de un fiscal adjunto, reconocido públicamente como un excelente profesional”.
Incluso, fuentes consultadas señalan que las investigaciones administrativas dirigidas en contra de Soto, adolecerían de objetividad y serían “atentatorias a los principios del debido proceso”. Principalmente porque le habrían negado injustificadamente diligencias. O sea, todo apunta a una pronta remoción del cargo.
La Asociación de Fiscales está al tanto del caso y sigue de cerca los pormenores, frente a un eventual apoyo.
Contactado por La Prensa Austral el fiscal Manuel Soto, optó por guardar silencio hasta que no concluyan los procesos administrativos abiertos en su contra.
Solo se limitó a señalar que “a pesar de todo lo que injustamente he tenido que enfrentar, me encuentro tranquilo, acompañado de mi familia, y agradecido del apoyo de compañeros de trabajo, colegas de personas de otras instituciones, que conocen mi trayectoria por años de fiscal”.
La Prensa Austral
