La Alcaldesa Anahí Cárdenas protagoniza un auténtico enroque para sortear un fallo de la Corte Suprema que ordenó la destitución de la administradora municipal, Patricia Ávila. En vez de dictar el decreto de remoción exigido por la sentencia, la trasladó a un cargo distinto, manteniendo intacta su influencia sobre la gestión comunal. Esta maniobra flagrante atenta contra el Estado de Derecho y vulnera normas sensibles de nuestro ordenamiento:
Elusión de la ejecución forzosa de sentencias, La Ley Orgánica de Municipalidades obliga a que “la ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará mediante la dictación de un decreto alcaldicio” (D.F.L. N°1-19.704, art. 32) Al no dictar el decreto que removiera a Ávila, se incumple de manera palmaria el mandato judicial.
Violación del régimen de incompatibilidades, El cargo de administrador municipal es “incompatible con todo otro empleo, función o comisión en la Administración del Estado” (D.F.L. N°1-19.704, art. 30). Reubicar a Ávila en la Secplan mantiene su posición de mando y contraviene el texto legal que impide simultanear dos puestos directivos.
Ausencia de fundamentación y falta de procedimiento reglamentario, La creación o redistribución de funciones internas debe regularse “mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo” (D.F.L. N°1-19.704, art. 31), y contar con financiamiento y un informe que justifique su necesidad. El traslado exprés de Ávila carece de ambos requisitos y se impuso de manera arbitraria.
Pisoteo del principio de probidad administrativa, El principio constitucional de probidad exige “dar estricto cumplimiento al interés general” y un “desempeño honesto y leal” (Ley 19.653, art. 52) decreto ley. El enroque buscó burlar un fallo vinculante, privilegió el resguardo de “cercanos” y enturbia la confianza ciudadana.
¿Hasta cuándo toleraremos estas argucias? La Corte Suprema habló con claridad: se debía remover a la administradora. La alcaldesa Cárdenas respondió con un simple cambio de silla. Este atropello no es un error de gestión, sino un desafío frontal a la legalidad y a la voluntad popular.
Es hora de exigir transparencia real: que el Concejo solicite al municipio el decreto de remoción, que la Contraloría acelere un sumario por abuso de autoridad y que los vecinos de Torres del Paine mantengan los ojos abiertos. No bastan buenas intenciones; se requieren actos que respeten la ley.
