La evacuación de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins por un fuerte olor a gas no es un hecho aislado ni un simple desperfecto técnico. Es la tercera vez en pocos meses que la comunidad educativa enfrenta esta situación, y lo que parecía una contingencia puntual se ha convertido en un símbolo del abandono sistemático de la educación pública en Puerto Natales.
Más grave aún: según declaraciones de apoderados, el establecimiento tenía prohibición de funcionamiento por parte de la Seremi de Salud.
¿Cómo es posible que se mantuviera abierto pese a este antecedente?
La pregunta no es menor, porque de confirmarse estaríamos frente a un hecho que roza lo delictual.
¿Qué hubiese pasado si en lugar de una evacuación preventiva hubiésemos lamentado intoxicaciones masivas o, peor aún, una tragedia mayor?
La cadena de responsabilidades no termina en la dirección del colegio: llegaría hasta la autoridad sanitaria, que conocía el riesgo y, aun así, permitió su funcionamiento.
Para entender esta crisis, hay que volver al 2021, cuando asumió la alcaldesa Antonieta Oyarzo. En ese periodo, la administración municipal y la Secretaría General de la Cormunat se convirtieron en un foco de denuncias ciudadanas, gastos millonarios en sueldos, pagos de favores políticos, contrataciones de amigos y familiares. Mientras tanto, la mantención de los colegios fue relegada a un segundo plano. Los recursos no llegaron donde debían llegar, a la seguridad de nuestros alumnos.
El caso de la Escuela O’Higgins es solo la punta del iceberg. Recordemos el Liceo Gabriela Mistral, que también enfrentó problemas graves de infraestructura y que, paradójicamente, hoy es dirigido por Ximena Velásquez, exsecretaria general de la Cormunat. La misma que según múltiples voces locales “eligió a dedo” a directores en un claro pago de favores políticos. No es casualidad: es un patrón de poder basado en el clientelismo y la manipulación institucional.
Hoy, quienes pagan las consecuencias de esa negligencia son los estudiantes de Natales. Son ellos quienes ven interrumpidas sus clases, quienes sienten el temor de asistir a un colegio con emanaciones de gas, quienes cargan con la inseguridad que debería haber sido resuelta hace años.
La responsabilidad también recae en la actual directora del establecimiento, Nives Rain. Ella sabía que la escuela tenía prohibición de funcionar. Esa omisión no puede quedar sin consecuencias: es negligencia grave y debe ser investigada. Aquí no bastan las disculpas administrativas: corresponde evaluar su destitución e incluso la apertura de acciones judiciales.
La comunidad ya lo ha dicho, los apoderados no enviarán a sus hijos a clases hasta que se garantice la seguridad total. Y tienen razón. Porque la educación no puede ser rehén de la improvisación ni de los favores políticos.
Lo ocurrido en la Escuela O’Higgins es la consecuencia de años de abuso del poder, manipulación política y negligencia administrativa. El municipio y la Cormunat, bajo la gestión de la exalcaldesa Oyarzo y su secretaria general, sembraron la desidia. Hoy estamos cosechando el desastre.
La pregunta que queda abierta es dura,
¿qué otro colegio será el próximo en caer en esta ruleta rusa institucional?
La MEMORIA es frágil.
